El terrible principio del caso:
Antonio y Ascensión
son un matrimonio del barrio. Hace cerca de 18 años firmaron un
contrato de arrendamiento con la EMV con motivo de realojo y se
instalaron a vivir en la calle Sombrerería. Durante estos años la
situación económica y familiar no ha sido fácil, ya que llegando a
ser 9 las personas empadronadas en la casa, los ingresos de la
familia nunca superaron los 500 euros. Desde hace unos meses la EMV
comenzó un procedimiento de desahucio contra esta familia
reclamándoles los pagos atrasados del alquiler, procedimiento en el
que no han podido defenderse, pues durante estos seis meses han
intentado comunicarse insistentemente con la EMV y les ha sido
sistemáticamente denegado, mientras los plazos de un procedimiento
kafkiano se agotaban en el juzgado. En la última de estas negativas,
Ascensión tuvo que ser atendida por el SAMUR en la propia sede de la
institución, tras sufrir un ataque de ansiedad y un intento de
suicido provocado por la posibilidad de perder la vivienda familiar.
Ante la total
negativa de la EMV de conceder una reunión donde renegociar el
alquiler o buscar alguna otra vía que evitara el procedimiento de
desahucio, Antonio y Ascensión acudieron al Grupo de Vivienda de la
Asamblea de Lavapiés, asesorados por una vecina del mismo bloque,
para pedir ayuda y apoyo, puesto que la EMV había realizado el
juicio sin su defensa y marcado el desahucio para el día 11 de
diciembre.
Desde el Grupo de
Vivienda hemos podido comprobar la reiterada negativa por parte de la
directiva de la EMV a reunirse con esta familia, así como su total y
absoluta dejadez durante estos años a la hora de adaptar el alquiler
a las posibilidades reales de una familia azotada por el paro, con
menores escolarizados y una mujer enferma. Tras más de dos semanas
de intentos y presiones, que se suman a los seis meses que lleva la
familia, se consiguió una reunión con la máxima responsable de la
entidad, donde se llegó a ofrecer el pago íntegro de los ingresos
mensuales de la familia, y un compromiso de liquidación de la
totalidad de la deuda en cuotas fijas. La máxima responsable se
comprometió a estudiar el caso y concertó una nueva reunión con la
familia para la siguiente semana, cancelando dicha cita
unilateralmente a falta de unas horas, a menos de una semana del
lanzamiento, y comunicando por teléfono su firme determinación de
dejar en la calle a siete personas en pleno invierno, costase lo que
costase.
La EMV se niega a
negociar un nuevo alquiler y a la paralización temporal del
desahucio hasta que los habitantes de la casa puedan encontrar una
alternativa sin tener que quedarse en la calle. Una vez más,
funcionando únicamente como empresa y no como ente público, pone
por encima su interés económico y de lucro frente a su función
social, que es la de ofrecer y gestionar vivienda, mediante
alquileres sociales, para todo aquel grueso de la sociedad que por
condiciones económicas se ve excluido del caro y gravoso mercado de
la vivienda copado por las hipotecas. Funcionando igual que el
mercado y los bancos, que en la actualidad lanzan a miles de familias
a la calle y deja otras tantas casas vacías, la Empresa Municipal de
la Vivienda especula y echa a la gente de sus casas, condenando a las
familias más desfavorecidas a la más cruda exclusión social.
El feliz final:
http://bambuser.com/v/3215808
Y ahora a esperar que el Colegio de Abogados (Ilustre?) no me denuncie por usurpación de oficio.
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